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La fiscalía pidió perpetuas en el juicio de Lesa Humanidad: “Estamos juzgando aquí un Estado criminal”
El Ministerio Público Fiscal Federal (MPF) solicitó la máxima pena posible para los ocho militares, gendarmes y policías imputados por delitos cometidos en Neuquén y Río Negro durante la última dictadura cívico militar argentina. A los pedidos de pena, que van desde cadenas perpetuas hasta los seis años de prisión, se le sumaron dos solicitudes particulares: que el tribunal se expida respecto al caso de Carlos Magariños, a pesar de haber llegado a esta instancia sin imputados; y que se defina a las por entonces infancias como “víctimas de manera autónoma”.
El equipo del MPF, encabezado por el fiscal Miguel Palazzani e integrado por David Maestre, Gabriela Schumatcher y Juan José Cendagorta, presentó sus alegatos a lo largo de tres jornadas en las que enmarcaron la causa Ferrari en un “hilo conductor” con los ocho juicios de lesa humanidad realizados en la ciudad, sin dejar de destacar las particularidades de este IX tramo. Asimismo, abordaron los pormenores de los hechos, la historia de las víctimas y las responsabilidades adjudicadas a cada imputado.
La fiscalía argumentó que se juzgan “los delitos más graves que pueden cometerse”, al tratarse de hechos ejecutados por un “Estado criminal”, un Estado al que las víctimas no pudieron acudir en busca de refugio o garantía de derechos. “El daño al tejido social es el mayor que se le puede causar, por eso son delitos contra la humanidad. Y es un daño que es irreparable. Por eso estas sentencias pueden ser algo reparatorio”, alegó Palazzani ante los jueces Alejandro Cabral, Alejandro Silva y Ernesto Sebastián.
Resaltó el fiscal que aún se desconoce el destino de 30.000 personas desaparecidas durante la dictadura, lo que impidió a sus familiares cerrar la herida abierta por el Terrorismo de Estado. Por ese motivo, le reclamó al Tribunal Oral Federal I una sentencia que le otorgue a las familias algo de alivio y expresó que, de no ser así, se abre para él una pregunta: “Sin poder hacer el duelo, con personas desaparecidas y encima sin justicia ¿Qué queda?”. Como parte de la misma reflexión, se dirigió a los imputados: “Todavía tienen tiempo para aliviar algún dolor, para decirnos a donde están”.

El sistema de inteligencia
La acusación dedicó parte de los alegatos a explicar la forma en que funcionó el sistema de inteligencia de la dictadura de 1976, no sólo hacia el interior del país, sino que también como parte del Sistema Cóndor. Afirmaron que las tareas de inteligencia comenzaron previo al Golpe de Estado y detallaron el esquema bajo el que se reunía, analizaba, intercambiaba y utilizaba los datos de las personas perseguidas. Se graficó también el rol y responsabilidades que se le imputa a los acusados como parte de ese engranaje. “La inteligencia fue el sistema nervioso del Terrorismo de Estado”, apuntó el abogado Maestre.
El MPF dio a conocer distintas “fichas de inteligencia” obtenidas de archivos y que fueron incorporadas al expediente judicial. Entre estas, hubo una que generó un particular impacto en el público, cuando los fiscales exhibieron un documento inédito: tres páginas donde se leían “antecedentes” sobre el militante Hugo Inostorza Arroyo, en las cuales primero se lo vinculaba con un grupo de jóvenes del barrio Sapere de Neuquén, quienes fueron secuestrados y desaparecidos, y unas líneas más abajo, se lo conectaba con la pareja exiliada de la dictadura chilena y que fueron alcanzados “por la garra local del Cóndor” en Río Negro, permaneciendo al día de hoy desaparecidos.

Magariños y una sentencia que aporte a la verdad
Uno de los pedidos de “reparación histórica” solicitados por el MPF fue sobre el caso de la víctima Carlos Magariños. Este requerimiento en “honor a la verdad” se debe a que el único imputado por el homicidio de Magariños era exteniente coronel y jefe de Inteligencia de la Sexta Brigada de Infantería de Montaña durante la dictadura, Oscar Lorenzo Reinhold, quien no llegó en condiciones de afrontar el debate oral y falleció durante el juicio en curso.
El requerimiento a los jueces fue que “la sentencia reconozca” que el hecho ocurrió tal como fue descrito: “que luego del secuestro de Carlos Horacio Magariños el 12 de mayo de 1978, en su domicilio en la ciudad de Cipolletti, por parte de Fuerzas de Seguridad, en fecha cercana y encontrándose en un absoluto estado de indefensión, fue asesinado”, indicó la fiscalía.
Atenta la acusación a los efectos de la ausencia de Magariños y las huellas que este proceso judicial generó en sus descendientes, la fiscalía pidió a los jueces “que aporte un poquito más de verdad” a su hijo, nieta y toda la sociedad.

Las infancias como víctimas autónomas
Las calificaciones penales presentados por el MPF para el pedido de pena fueron la Privación Ilegal de la Libertad agravada; Tormentos agravados; Apremios ilegales en acto de servicio y Homicidio agravado. En tanto, entre los múltiples fundamentos desarrollados como base del pedido, uno que se destacó fue el planteo de “la extensión del daño”. La fiscalía sostuvo que las secuelas físicas y psicológicas de los hechos no sólo impactaron en las víctimas, sino que además en sus familiares.
En este punto la fiscalía señaló que “el daño fue especialmente grave en las infancias”, por lo que se requirió al Tribunal que en la sentencia “quede plasmado el daño trasgeneracional”. Como medida concreta se requirió a los jueces que sean declaradas como “víctimas directas y no solo en forma colateral” a las hijas y los hijos de las víctimas del juicio: Victoria Appel Delard, Carlos y Roberto Puchulmán, Sabino Magariños, Mariana Méndez (hija de Mónica Elvira), Juan José Cancio, Paz y María Sol Colobig, y Mónica Alejandra Pérez. Además, se pidieron medidas de reparación.
El planteo sobre las experiencias que debieron transitar los menores y que suelen quedar “relegadas de los discursos públicos”, según destacó Palazzani, conmocionó hasta las lágrimas al conjunto de personas presentes en la sala. Los argumentos aportados por la teoría fueron entrelazados por el fiscal con un repaso de las situaciones que se dieron a conocer en este juicio: una bebé de meses que tras el secuestro de sus padres debió ser exiliada con su familia a otro continente, y otro por nacer cuya madre fue torturada durante el embarazo; niños y niñas que presenciaron detenciones; infantes que debieron criarse sin sus padres; menores acompañando las consecuencias que el terror dejó en sus padres. “La reparación que pedimos no es sólo material sino simbólica para las niñeces víctimas en este juicio”, indicó.
Al finalizar la audiencia Mónica Alejandra, hija de Carlos Pérez -victima en este juicio- dialogó con la prensa y reflexionó sobre su vivencia como niña y adulta en relación a los secuestros que sufrió su padre.
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