Sobre el cimiento de lo ya probado y en busca de una condena que afirme la democracia. La fiscalía inició los alegatos en la causa Ferrari

El Ministerio Público Fiscal Federal inició la presentación de los alegatos en el 9° juicio por delitos de Lesa Humanidad que se está realizando en Neuquén. La exposición retomará el próximo 30 de julio, una vez finalizada la feria judicial invernal. La lectura del veredicto fue fijada por el Tribunal Oral Federal 1 para el 25 de agosto, cuando se conocerá la declaración de culpabilidad o no para los ocho ex militares, gendarmes y policías imputados en esta causa por los delitos de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos u homicidio.

“Frente a un discurso oficial que invita al olvido, juzgar y condenar conforme a derechos es un acto de afirmación democrática”, expresó el fiscal General, Miguel Palazzani, dirigiéndose al juez presente en la sala Alejandro Cabral, mientras que sus pares -Alejandro Silva y Ernesto Sebastián- escucharon la afirmación a través de la conexión virtual. Y es que, el MPF comenzó los alegatos con una lectura de la coyuntura actual, sobre la que se imprimirá la sentencia que se aproxima.

“El negacionismo dejó de ser una voz marginal y comenzó a hablar desde lugares centrales de poder”, indicó Palazzani. Sostuvo que “cuando el discurso del poder aspira a reescribir lo que con tanta lucha se construyó durante décadas” la disputa es “por la narración, por el sentido, por la memoria”. En ese sentido, el fiscal apuntó: “el plan sistemático y generalizado de exterminio, que es el sustrato de esta acusación, no depende de las coyunturas ni del humor político de algunas personas. Fueron probados y declarados verdad por sentencias firmes desde el año 1985”.

“Este Tribunal debe juzgar la responsabilidad concreta de estos casos, porque todo lo demás ya fue saldado por la sociedad argentina”, sostuvo Palazzani y agregó que el circuito represivo referido también “fue descrito por todos los testigos de este juicio”.

Sobre el escenario expuesto y a consideración de la fiscalía, la próxima sentencia excede cada caso, puesto que además “fija hechos, nombra víctimas, identifica responsables y devuelve a la sociedad una verdad que hoy, al parecer, se pretende erosionar”.

Siendo este el primer debate oral y público en el que se juzgan crímenes de la última dictadura cívico militar argentina sin la presencia física de ninguno de los históricos e históricas referentes de organismos de Derechos Humanos de Neuquén, el equipo de fiscalía encabezado por Palazzani y que se completa con los abogados David Maestre y Juan José Cendagorta y la abogada Grabriela Schumacher, les rindió palabras de homenaje. “Este juicio lleva sus huellas” destacó el fiscal para luego nombrar a las Madres Inés y Lolín, a Oscar Ragni, Noemí Labrune y Walter Pérez porque, según expresó, “es la manera más honesta de tenerlos presentes”.

Otra distinción fue dedicada a las cinco de las diecisiete víctimas de esta causa que permanecen desaparecidas: “No naturalizamos, no normalizamos. Los delitos se siguen cometiendo en este momento que estamos alegando”, subrayó el fiscal. A su espalda, la proyección de una diapositiva hacía presente en la sala sus rostros y nombres: Leticia Veraldi, Raúl Pichulmán, Carmen Angélica Delard Cabezas, José Appel de la Cruz y Carlos Magariños.

Para abordar los alcances del plan represivo desplegado por el Golpe de Estado instaurado el 24 de marzo de 1976, así como sus objetivos, forma de organización, roles adoptados por las Fuerzas Armadas y de Seguridad y estructuras de mando, el MPF recurrió a la categoría jurídica de “hecho notorio”. De esta manera y con el fin de evitar la reiteración, Palazzani se basó en las sentencias de los ocho tramos previos de este juicio y lo ya probado en otras causas que abordaron el mismo circuito represivo local, para referirse a la historia argentina en ese período y, además, interconectarlo con los hechos que salieron a la luz en el tramo en desarrollo denominado Ferrari. Unos minutos más destinó a repasar el esquema de mando militar y judicial en la dictadura.

El planteo del MPF es que los diecisiete casos de este 9° tramo están vinculados entre sí y, a su vez, con los juicios anteriores, a raíz de los cual citó una serie de cuestiones ya acreditadas: la relación del centro clandestino de detención La Escuelita de Neuquén con la Unidad de Detención Nº 9; la ejecución del Operativo Cutral Co; la participación de la Gendarmeria Nacional; el rol de la delegación local de la Policía Federal; y la responsabilidad que tuvo el Poder Judicial Federal local. Otros aspectos coincidentes que fueron planteados son la participación de las fuerzas represivas en los operativos, el vínculo entre las víctimas y los sitios de alojamiento de detenidos.

Por otra parte, y aun en el “hilo conductor que recorre todos los juicios que se desarrollaron en la región”, la fiscalía enumeró algunas características particulares de este tramo como la persecución por razones religiosas, la extensión del Sistema Cóndor en Río Negro y Neuquén, los “daños irreparables a las infancias” y “el daño irreparable del exilio”.

En una causa que aborda diecisiete casos, ocurridos en cinco ciudades de dos provincias, y más de cinco sitios de detención y tortura, el fiscal Palazzani concluyó la introducción de los alegatos dando por demostrados dos ejes: “Que no importaba que fueran pueblos chicos o grandes, desde el 24 de marzo el aparato represivo se extendió por todo el país” y “que ningún lugar era seguro y no había lugar donde escapar”.

En lo que siguió, los abogados de la fiscalía Maestre y Schumacher repasaron lo que se conoce del ex centro clandestino La Escuelita. Luego continuaron con una descripción de caso por caso, repasando la historia de cada víctima y vinculándolas entre sí.

De esta forma, el secuestro, cautiverio y tormentos que sufrieron Matilde Segura y María Ester Sepúlveda fueron abordados por su amistad, detención conjunta y haber sido alojadas en La Escuelita; en tanto que el caso de la pareja de Amalia Cancio y Juan Raúl Pichulman fue enmarcado en el operativo del barrio Sapere, en relación al secuestro de sus amigos y familiares, y también por su traslado a La Escuelita.

La conexión de los casos de Carlos Pérez, Daniel Osvaldo Gallo, Stella María Solanas y Graciela Vicente estuvo dada por haber ocurrido todas entre las ciudades de San Martín de los Andes y Junín de los Andes, en fechas coincidentes, y haber compartido sitios de detención. Otro aspecto del vínculo entre Junín de los Andes y la ciudad de Neuquén fue señalado en el caso de Juan Carlos Molinez en lo que se describió como el primer hecho de detención por razones religiosas que juzga este tribunal.

En San Carlos de Bariloche se situaron las detenciones, interrogatorios, tormentos, persecución y finalmente el exilio de los trabajadores municipales con participación sindical, Oscar Escobar y Mónica Elvira. Otra localidad rionegrina fue señalada a raíz de la detención de Luis Néstor Mendoza en la comisaria 9 de Catriel. El último caso citado en la jornada fue la desaparición de Carlos Magariños, un caso que llega a esta instancia judicial sin imputados, pero sobre lo cual el MPF pedirá al Tribunal que se exprese en honor a la verdad.

En lo que sigue para la segunda jornada de alegatos de la acusación se prevé la presentación de los casos restantes y el desarrollo de los delitos adjudicados a cada imputado con su correspondiente pedido de penas. En tanto, las defensas presentarán sus alegatos los días 4 y 11 de agosto.