Solicitan fecha de audiencia por estafas en las 127 hectáreas y rechazan planteos de la defensa por Aguada San Roque

La fiscalía solicitó la audiencia de formulación de cargos contra Jorge Salas y diez integrantes de la Cooperativa 127 hectáreas. El pedido formal ingresó al Poder Judicial antes del inicio del receso de invierno. El abogado querellante Mariano Mansilla brindó los detalles de la causa en declaraciones a radio UNCo CALF.

La acusación penal inicial comprende unos cien hechos de estafa por venta de terrenos sin servicios en la meseta. Los damnificados totales superan las trescientas personas y las pérdidas individuales promedian los cinco mil dólares. Los imputados prometían obras y adjudicaciones inexistentes mediante maniobras engañosas.

La defensa de las familias damnificadas impugnó la validez de la conducción actual de la cooperativa por vía administrativa. La última asamblea de la entidad carece de legalidad por graves anomalías en los padrones y pagos de cuotas. Además, la justicia civil mantiene embargadas todas las cuentas bancarias y los bienes de la organización.

La fecha para el inicio de las audiencias penales se definirá luego de la finalización de la feria judicial. La querella estima la fijación de las fechas de debate para finales de agosto o la primera quincena de septiembre. La parte acusadora sumará como agravante el rol de funcionario público de Salas durante el periodo de las maniobras.

En relación con la causa de la explosión de la escuela albergue 144 de Aguada San Roque, la querella por el gremio docente ATEN rechazó las apelaciones de las defensas ante la Corte Suprema de Justicia. Los recursos de queja buscan dilatar la ejecución de las penas de prisión efectiva dictadas por estrago y corrupción. El máximo tribunal nacional debe resolver la admisibilidad formal de los planteos en los próximos meses.

Mansilla analizó la trascendencia del juicio por la tragedia de Aguada San Roque y remarcó la necesidad de fijar precedentes firmes respecto a la responsabilidad penal de los funcionarios públicos en la cadena de mandos de la obra estatal. El letrado sostuvo que este proceso penal marcó un punto de inflexión en la provincia sobre el control de las instalaciones y la seguridad en los edificios públicos. Asimismo, diferenció la figura de estrago doloso aplicada en este caso de otros procesos industriales de la región, y puntualizó que la impunidad en la administración de la infraestructura escolar debilita gravemente la confianza en las instituciones estatales.