Aguada San Roque: El juicio desnudó la trama de desidia y "permisividad" en la obra pública escolar que precede a las condenas

Al cumplirse el quinto aniversario de la explosión en la Escuela 144 de Aguada San Roque, el proceso judicial que investigó el fallecimiento de la docente Mónica Jara y de los operarios Nicolás Francés y Mariano Spinedi permanece consolidado como un precedente histórico contra la impunidad en la infraestructura estatal. El litigio penal determinó que el trágico desenlace no obedeció a contingencias aisladas, sino a un esquema estructural de corrupción y desidia administrativa.

El abogado penalista Emanuel Roa Moreno, exquerellante en la causa en representación del gremio docente, analizó en diálogo con Radio UNCo CALF los alcances de los fallos que ratificaron la culpabilidad de exfuncionarios de Obras Públicas y empresarios del sector. "El valor principal que tiene para nosotros es el valor declarativo de la verdad de lo que ocurrió: quedó en claro que no fueron meras negligencias o meros olvidos, sino que fue producto de la desidia y de la corrupción", aseveró el letrado, diferenciando este resultado de otros siniestros históricos en el ámbito educativo de la provincia que cerraron sin castigo penal.

El debate oral y público ventilado en los tribunales neuquinos corroboró las maniobras ilícitas ejecutadas por directores provinciales e inspectores de obra para convalidar documentación apócrifa. Según detalló Roa Moreno a través de los micrófonos de Radio UNCo CALF, las pericias e informes demostraron que los inspectores estatales certificaron la finalización total de los trabajos edilicios cuando las tareas estructurales en la red de gas seguían ejecutándose de forma precaria. La urgencia por simular el cumplimiento de los plazos contractuales buscó deliberadamente eximir a la constructora de las severas multas previstas en los pliegos de la licitación.

Informalidad laboral y riesgos vigentes

Un aspecto alarmante detectado durante las audiencias judiciales consistió en la habitualidad de la subcontratación informal dentro de las obras financiadas por el Estado. El abogado recordó el fuerte impacto que causó la declaración de un operario que reconoció que, al momento de dar testimonio en el juicio, desempeñaba tareas en la construcción del Hospital Norpatagónico bajo el mismo régimen de precariedad que imperaba en la escuela de Aguada San Roque antes de la detonación. "Estamos hablando de escuelas, de hospitales, de comisarías; espacios donde hay personas alojadas con diferentes situaciones de vulnerabilidad", advirtió.

La resolución de la causa deslindó de responsabilidad penal al personal directivo de la Escuela 144, tras comprobarse las reiteradas advertencias que las autoridades del establecimiento enviaron al Consejo Provincial de Educación (CPE) para solicitar precisiones técnicas ante la falta de respuestas coordinadas de los organismos específicos de control.

El reclamo familiar por la efectiva prisión

A pesar de que las sentencias condenatorias cuentan con el aval de las instancias de revisión locales y del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el inicio del cumplimiento efectivo de las penas de prisión de los exfuncionarios y responsables técnicos continúa suspendido por las sucesivas presentaciones recursivas formuladas por los defensores de los imputados.

Esta demora procesal motivó el reclamo público de los familiares de las víctimas, quienes expresaron su dolor ante la dilación de los plazos. "La sentencia ya se dictó hace unos años y todavía todas estas instancias recursivas se vuelven como que la sentencia para ellos es un papel, algo que los jueces dijeron que iba a pasar y todavía no pasa", concluyó Roa Moreno en la entrevista radial, coincidiendo con la demanda de celeridad comunitaria para consolidar el reclamo de seguridad en las escuelas neuquinas.