La Corte Interamericana reconoció a la naturaleza como sujeto de derecho

La determinación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se da en el marco de una solicitud de opinión consultiva iniciada por los Estados de Chile y Colombia, a través de la cual se le requirió una definición sobre la emergencia climática y cuáles son las obligaciones concretas que tienen los Estados para enfrentar esta crisis, desde una perspectiva de Derechos Humanos.

Rafael Colombo, integrante de la Asociación de Abogados Ambientales, en comunicación con La Banda Ancha brindó detalles del documento emitido y sus alcances. Subrayó que una de las principales afirmaciones consiste en que se debe pensar a la naturaleza como sujeto de derecho, reforzando la protección de los ecosistemas.

Otras cuestiones expresadas por la CIDH fueron el reconocimiento del derecho autónomo a un clima sano, donde entiende que dicha sanidad se garantiza con un sistema climático libre de interferencias humanas peligrosas; que se trata de un derecho de dimensiones colectivas e individuales; que no sólo atañe a los Estados sino que también a las empresas; y la reivindicación del derechos a la ciencia, una garantía de acceso a los beneficios.

El abogado explicó de qué manera impactarán las definiciones de la Corte en la defensa del medioambiente que impulsan distintas comunidades, organizaciones y pueblos originarios.

"Es un cambio de paradigma fundamental", dijo y agregó que "los derechos de la naturaleza constituyeron una clara revolución jurídica". Argumentó que se trata de una bisagra puesto que le "otorga dignidad a la naturaleza" al considerarla no solo como un medio sino "como un fin en sí mismo".

En otro orden de temas, el abogado actualizó la información en la causa judicial que lleva adelante la Asociación de Abogados Ambientalistas, en conjunto con la Confederación Mapuche y la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén, en contra de la empresa de tratamientos de residuos petroleros Comarsa.

También, denunció que existe un proyecto del Estado municipal para montar un loteo de viviendas sobre el mismo suelo que usaba la firma como basurero y sin garantías de que hayan sido saneadas por completo, lo que podría poner en peligro la salud de la población. Indicó que este caso califica como de racismo ambiental.