Alerta del Foro 2302: Dicen que el nuevo Código Procesal de Familia es inconstitucional y recorta derechos de las infancias

El Foro en Defensa de la Ley 2302 encendió las alarmas ante el proyecto del nuevo Código Procesal de Familia que se debate en la Legislatura de Neuquén. Desde la organización comunitaria advirtieron que la iniciativa oficialista modifica la Ley Provincial de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia y colisiona de forma directa con las garantías establecidas en la Carta Magna provincial.

La principal preocupación radica en el traspaso de las facultades para dictar medidas excepcionales de protección —como separar a un niño de su entorno familiar ante violencia, abuso o negligencia extrema— desde la órbita judicial hacia la esfera político-administrativa del Poder Ejecutivo.

"Este proyecto de procedimiento da por tierra con todo esto que existe en nuestra provincia, que se viene hace más de 25 años aplicando, y lo que intenta es aplicar la ley nacional 26.061 donde esta atribución se la otorga al poder ejecutivo. No quedaría en la órbita de la Defensoría; esa es la modificación, que no es menor, porque no solamente se otorga a otra institución, sino que se limita el acceso a la justicia de las niñas, niños y adolescentes, que es una gran garantía que da la 2302", explicó la integrante del Foro, Marcela Lorente a radio UNCo CALF.

La activista argumentó que se busca resolver con personal administrativo sin experiencia una labor multidisciplinaria que históricamente coordinaron las Defensorías de los Derechos del Niño: "Estamos tomando una decisión porque se están vulnerando los derechos de los niños, pero no lo hacemos desde la faz judicial sino desde una faz administrativa. De la otra forma directamente va a haber una dupla o un trío de profesionales que decidirán si o no si lo sacamos, dónde lo sacamos, pero no con la autoridad que tiene la justicia para tomar estas decisiones".

"Como foro, la semana que viene nos vamos a acercar a la legislatura para tratar de mantener una entrevista con los integrantes de la Comisión para hacer nuestros planteos, que no son nuestros, son planteos constitucionales y de las leyes, porque la 2302 es inconstitucional desde el artículo 47 de la Constitución Provincial", adelantó Lorente en relación a las acciones gremiales y comunitarias previstas. La abogada descartó además que la reforma resuelva los problemas de celeridad judicial que argumentan los impulsores del código, señalando que las demoras actuales responden a fallas operativas de los funcionarios públicos y no a deficiencias del marco normativo vigente: "Los tiempos tienen que ver no con la 2302 y lo que está escrito sino con las personas que ejercen la función. Las leyes si se aplican como corresponde y con los tiempos que corresponden deberían ser rápidas; el tema es quiénes van dilatando todos estos procedimientos".