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El multimedios La Nueva Provincia, de Bahía Blanca, y la familia Massot, dueña del mismo, son un claro ejemplo de la complicidad que parte de la sociedad civil tuvo con la violación a los derechos humanos y la aplicación de un plan de exterminio, en la dictadura que se instauró en el país entre 1976 y 1983.
El diario y sus medios asociados, sirvieron para legitimar los crímenes de lesa humanidad, a partir de ocultar lo que ocurría y también publicar versiones distorsionadas de los hechos, cuestión que se demostró en los juicios que se han llevado adelante en esa ciudad del sur bonaerense, asiento del Comando del V Cuerpo del Ejército y donde funcionó el centro clandestino de detención La Escuelita.
Esto llevo a que la Unidad Fiscal de Derechos Humanos acusara a Vicente Massot, periodista y empresario, de integrar «junto con los mandos militares una asociación ilícita con el objetivo criminal de eliminar un grupo nacional», para lo cual habría contribuido desde el multimedio.
Los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia, sostienen que el medio reprodujo «el guión y el relato del genocidio en su faz de acción psicológica y encubrimiento mediático, indispensables para lograr la concreción del exterminio con el grado de violencia e impunidad que se hizo».
Vicente Massot era parte de la conducción del diario en esos años junto a su madre Diana Julio de Massot y su hermano Federico, éstos últimos ya fallecidos. Fue señalado como coautor del homicidio de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola y haber efectuado «aportes esenciales», para el ocultamiento deliberado de la verdad en secuestros, torturas y homicidios de 35 personas.
El fiscal Nebbia está participando hoy del séptimo tramo del juicio denominado La Escuelita, que funcionó en Neuquén, donde se abordan casos de detenidos-desaparecidos que también pasaron por Bahía Blanca, y accedió al diálogo con radio Universidad Calf para hablar del caso de La Nueva Provincia.
