"La mayoría de las personas que están hoy en las comisarías son condenados". Informe del Comité provincial contra la tortura

El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes de Neuquén dio a conocer el informe que realiza en forma anual. El documento presentado ante las autoridades de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, tras el análisis del material y devoluciones por parte de las autoridades, fue publicado en forma online, como parte del Consejo Federal de Mecanismos Locales de Prevención de la Tortura. También, se prevé una presentación pública que permita dar un debate respecto del material.

Silvia Couyoupetrou, integrante del Comité, explicó en Radio UNCo CALF que el reporte buscó darle seguimiento a las recomendaciones elevadas el año pasado y, por otro lado, contar con un diagnóstico de la situación de la población privada en la libertad y cómo está funcionando el sistema general, centrándose en una lectura de cuál es la política criminal actual en Neuquén y hacia qué sector de la población está dirigida.

El informe da la cuenta de datos alarmantes: de las 796 personas privadas en la libertad que hay en la provincia, sólo 578 están en Unidades de Detención y los 218 restantes en comisarías, bajo un contexto de "condiciones indignas". La entrevistada subrayó que la legislación vigente estipula que las comisarías cumplen la función de alojar solamente por una determinada cantidad de horas a la persona que tiene una contravención o está a la espera del inicio de un proceso penal. En contraposición denunció que "la mayoría de las personas que están en comisarías hoy son condenados, son personas que deberían estar transitando la ejecución de la pena impuesta en las Unidades de Detención sujetas a la Ley de Ejecución Penal" y, asimismo, acotó que el cumplimiento de la ley es imposible debido a que no hay lugar material en las unidades de encierro.

El otro gran diagnóstico que buscó abarcar el estudio fue situado en quiénes son las personas que están detenidas. Sobre este eje, Couyoupetrou describió que de las 278 personas detenidas en comisarías, el 72% tienen menos de 35 años, en tanto que un 77 % no terminó el nivel de educación secundaria. Respecto de los motivos de las detenciones, detalló que en términos generales el sistema penal se dirige a los conflictos interpersonales y contra la propiedad, en tanto que aún no se siente el efecto de lo que es la persecución del microtráfico.

La entrevistada definió que la cuestión "no es sólo cuántas personas están privadas de la libertad", que en la actualidad suman 108 personas cada 100 mil habitantes, sino determinar "en qué condiciones y bajo qué estándares el Estado decide ejercer el poder punitivo, el poder que tiene como Estado para el castigo penal".

Couyoupetrou observó que "todo lo que sucede en las comisarías es un ida y vuelta" y advirtió que las condiciones de encierro degradante "vuelve a la comunidad en forma de violencia".

En cuanto al informe del 2025, recordó que la lupa estuvo puesta en realizar una radiografía de la situación al momento en que se puso en funcionamiento el organismo. En este sentido, se realizó un monitoreo que debió limitarse a la Primera Circunscripción, debido a los problemas presupuestarios que enfrenta el Comité para llevar a cabo su tarea. En ese primer informe, indicó, quedó registrado "el deterioro estructural habitacional" y la falta de garantías sobre una cantidad de derechos, entre los que mencionó el acceso a la salud, problemas con la alimentación y el hacinamiento.