Habeas corpus y presión judicial por la crisis carcelaria en Neuquén

La jueza de Ejecución Penal, Raquel Gass, ordenó informes al Ejecutivo y fijó plazos para habilitar el pabellón de máxima seguridad de la U-11, en medio de un cuadro que incluye entre 90 y 100 condenados en comisarías.

Gass intervino a partir de un habeas corpus presentado por la Defensa Pública, debido a las condiciones de detención en la Comisaría 7ª de Plottier. En diálogo con Radio UNCo CALF, la magistrada describió un escenario delicado: “la defensa presentó fotos y pruebas de una situación realmente crítica”, dijo, al explicar el origen del planteo judicial.

La jueza rechazó el traslado inmediato de los diez internos a la Unidad 11 al advertir que “sería simplemente trasladar el problema”, ya que “terminarían hacinados con los que ya están allí”. En su resolución, optó por exigir respuestas estructurales: ordenó al Ministerio de Seguridad que informe en diez días por qué no se utilizó el pabellón de máxima seguridad y fijó un plazo de 30 días hábiles para su puesta en funcionamiento.

Ese pabellón, inaugurado en diciembre de 2025, permanece sin uso. “Se inauguró el 8 o 9 de diciembre, pero hoy, cuatro meses después, no está operativo”, señaló la jueza. El sector dispone de 26 celdas individuales, con posibilidad de alojar hasta dos personas por celda, lo que permitiría ampliar la capacidad en un sistema que muestra signos de saturación.

El eje del habeas corpus expone una falla estructural: la permanencia de personas condenadas en comisarías. “Solo en la Primera Circunscripción hay entre 90 y 100 condenados alojados en comisarías”, afirmó y remarcó que “esto es algo que no debería suceder”. En ese sentido, explicó que “las comisarías son para detenciones transitorias, no para cumplir condenas” y detalló que esos espacios “no tienen espacio para recreación, educación, ni la logística para traslados médicos”.

La magistrada también advirtió sobre el impacto en el funcionamiento policial y en los barrios. “El personal policial tiene que estar abocado a custodiar presos en lugar de hacer prevención en la calle”, indicó, y reconoció los reclamos vecinales: “genera muchísimos inconvenientes”. Su resolución, ahora bajo revisión judicial tras la apelación de la Fiscalía de Estado, abrió un nuevo capítulo en la discusión sobre la emergencia carcelaria y la falta de respuestas operativas frente a un sistema desbordado.