¿De qué se trata el plan del gobierno nacional para reconfigurar los subsidios en energía?

Juan José Carbajales es doctor de la UBA en Derecho Administrativo, especialista en energía, titular de la consultora Paspartu y ex Subsecretario de Hidrocarburos de la Nación (2019-2020). En una entrevista para radio UNCo Calf habló sobre la propuesta de la Secretaría de Energía de Nación para una modificación que impactará en las tarifas de gas y electricidad.

Explicó que el Ejecutivo nacional puso a disposición de la ciudadanía una propuesta para modificar todo el régimen de subsidios a la energía, que estará sujeta a una consulta popular donde la población podrá emitir consideraciones, opiniones y observaciones durante los próximos quince días hábiles. "Todo esto con el fin de que el primero de enero, directamente, ya empiece a regir este nuevo esquema", agregó.

Detalló que no se trata de un cambio en las tarifas estrictamente, sino de "una reconfiguración integral del régimen de ayudas públicas", es decir, los subsidios que afronta el Estado y la segmentación la segmentación en categorías de hogares por nivel de ingreso establecida por el gobierno anterior. Acotó que el gobierno plantea una reestructuración escalonada, contando que el 2026 sea un año de amortiguación y transición.

Bajo el esquema propuesto por la gestión nacional, los hogares quedarían definidos en términos generales en dos grupos: los que perciben el subsidio y los que no. En tanto, sí se establecerían subdivisiones hacia adentro del grupo que mantenga el beneficio. Carbajales dio detalles respecto de cómo quedarían estipulados los cálculos en cada uno de los casos.

El especialista puso la lupa en el impacto que pueda traer la modificación planteada sobre los subsidios para la personas que utilizan garrafas de gas. Recordó que "el 45 % de la población no tiene acceso a las redes y compra la garrafa", un mercado ya fue desregulado por el gobierno nacional, a lo que ahora se le sumaría la quita de los beneficios para el acceso al gas envasado.

Respecto del procedimiento, opinó que "no convocar a audiencia pública es un riesgo de judicialización" que asume el gobierno "por querer que esto ya arranque en enero". Al respecto, recordó que en durante el gobierno de Cambiemos 2015 - 20219, la Corte Suprema "dictó fallos épicos, dio vuelta un aumento de tarifas y mandó a hacer una audiencia pública".