Desalojo a comunidades mapuche en Villa la Angostura pone en alerta a productores de Picún Leufú por la tenencia de tierras

El Presidente Comisión de Riego “la margen derecha” de Picún Leufú, Pablo Suárez, expresó su solidaridad con las comunidades mapuche Melo y Quetriqueu de Villa la Angostura, tras el avance del desalojo de sus territorios dispuesto por la justicia ante la denuncia de una persona de identidad extranjera que reclama la titularidad de esas tierras. Advirtió, a su vez, que la preocupación se extiende hacia la localidad del centro neuquino en donde las familias que habitan y producen en la zona desde hace más de tres décadas enfrentan la incertidumbre de no contar con los títulos de propiedad de sus chacras. 

"Acá se ha despertado por lo menos la preocupación, en tanto y en cuanto donde estábamos establecidos casi el 70 % de las chacras no tienen título, sobre lo que creíamos eran terrenos fiscales", expresó Suárez y continuó: "Con el tiempo fue apareciendo mayor información, mayores datos, y concluimos en que las tierras donde estaban asentadas la gran mayoría de las chacras tienen título de propiedad en el nombre de terceros que no sabemos dónde están, quiénes son y demás".

El productor remarcó que "al ver que existen herramientas jurídicas como los desalojos express y que ya se están llevando a cabo, ya se están ejecutando, más vale que aparece la preocupación en nuestros vecinos". En consecuencia, las pobladoras y pobladores de Picún Leufú comenzaron a organizarse.

Respecto a la situación legal, informó que se trata de tierras productivas sobre las que se avanzó en obras de infraestructura como el sistema de riesgo, el alumbrado público y los caminos. Acotó que todos estos elementos "reafirman lo que se llamaría el animus domini, la idea de que esto es nuestro y que estamos haciendo posesión de esa tierra", lo que, a su vez, les habilitaría a solicitar una prescripción dominial o adquisitiva llamada usucapión. Asimismo, relató la cantidad de trámites iniciados en el Estado para regularizar la situación.

Por otra parte, advirtió que si se tuviera que hacer un juicio por cada uno de los terrenos "se abriría un mercado y un negocio muy importante para terceros -llámense abogados o agrimensores- y cuando no a algunas financieras o formas crediticias que no corresponderían". Al respecto agregó que las familias se aplazaron en el lugar no sólo por una necesidad individual y propia, sino que también por la necesidad del Estado provincial que en su momento requirió poblar esa zona que por entonces no guardaba intereses comerciales para las grandes empresas.