Comunidades ampliaron una denuncia penal por la crisis hídrica en el Valle del Covunco
Vecinos autoconvocados por el agua del Covunco ampliaron una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal de Neuquén en el conflicto histórico por la escasez hídrica y la gestión de recursos en el valle. El reclamo judicial, que se originó a partir de presentaciones iniciadas hace tres décadas, investiga presuntos incumplimientos de deberes de funcionario público por parte de la Subsecretaría de Recursos Hídricos provincial, además de incorporar cargos por transgresión a la Ley de Aguas y abandono de personas.
"Esta denuncia amplía el pedido de investigación. En 2022 se allanan las estancias por orden del fiscal Maximiliano Breide Obeid y a partir de ahí comienza toda esta investigación. Nosotros agregamos la transgresión a la Ley 899 de Aguas y el abandono de personas, que hasta el día de hoy, digamos, sigue su curso, pero nosotros no vemos resultados", señaló Maitén Berthet, integrante del sector afectado, en diálogo con radio UNCo CALF.
Durante la entrevista, la referente detalló que una investigación conjunta permitió detectar la asignación de presupuestos millonarios destinados a estudios y obras que nunca se ejecutaron o cuyos fondos no se transparentaron. Indicó que relevamientos propios y de la Secretaría de Ambiente -con la utilización de drones- permitieron certificar 33 tomas de agua no regularizadas en establecimientos privados de la cuenca superior, cuyo número creció respecto a las dieciséis registradas en 2022.
Aunque la fiscalía impulsó una mesa de mediación penal enfocada en el suministro para consumo humano con la participación de organismos como el EPAS y los municipios de la región, los denunciantes advirtieron que los acuerdos resultaron incumplidos, lo que motivó fallos judiciales recientes para ordenar conexiones domiciliarias urgentes a familias que llevaban trece años sin servicio.
Berthet advirtió sobre el impacto de la falta de infraestructura de riego en la producción agrícola y ganadera del valle, señaló que la falta de agua y la desinversión histórica afectaron las actividades productivas tradicionales, la identidad cultural de la zona y las condiciones sanitarias de los habitantes. Si bien destacó la apertura al diálogo mantenida este año con la Secretaría de Ambiente y técnicos del área, requirió resoluciones políticas y judiciales de mayor profundidad para esclarecer el destino de los fondos públicos y garantizar el acceso equitativo al recurso hídrico.
