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María Verdugo, integrante del Comité de Salud Sexual y Reproductiva de esa ciudad (y miembro de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir) explicó que comienza el proceso donde se acusa a Leandro Rodríguez Lastra por «incumplimiento de los deberes de funcionario público».

La imputación se debe a un hecho ocurrido el 2 de abril de 2017, cuando una joven de 19 años ingresa a la guardia médica del Hospital Cipoletti «con un aborto que había sido iniciado por sus propios medios y el doctor, a sabiendas de la voluntad de la joven que era interrumpirlo, decide ponerle medicación para que ese embarazo continúe», precisó Verdugo.

Asimismo, la profesional insiste en que el médico incumplió los protocolos. «Tendría que haber escuchado a la mujer que le dice ‘lo quiero interrumpir porque es producto de una violación’, que además entra en las causales del aborto legal».

Por otra parte, la también integrante de la Colectiva La Revuelta, aclaró que una institución no puede ser objetora de conciencia. En ese sentido, se refirió a la situación del servicio de ginecología del Hospital Cipolletti, donde la mayoría de los médicos son objetores de conciencia. Aclaró que ese derecho no implica negar información, orientar a las mujeres que se presenten o no finalizar un proceso de interrupción que ya haya sido iniciado.

Finalmente, Verdugo precisó que en el lapso de un año se registraron 160 acompañamientos a mujeres sólo en esa ciudad.