Causa contra organizaciones sociales: la querella denuncia persecución política y exige la inmediata absolución de sus integrantes

El proceso judicial instruido contra referentes de movimientos sociales en la provincia sumó un nuevo capítulo tras confirmarse la prórroga por seis meses de los embargos que pesan sobre los bienes y cuentas bancarias de la Cooperativa Viento Sur. Con la etapa de investigación penal dada por concluida por parte del Ministerio Público Fiscal, el expediente se encamina hacia la Audiencia de Control de Acusación, instancia en la que se evaluará el pedido de elevación a juicio oral.

Desde la representación legal de la Cooperativa, rechazaron la formulación de cargos y remarcaron que el caso carece de sustento probatorio, inscribiéndolo dentro de una estrategia para acallar la protesta social.

En relación con el estado del expediente y los pasos procesales venideros, el abogado querellante Mariano Pedrero señaló: “Ya está terminada la etapa de investigación por parte de la fiscalía. Ya presentaron su acusación y sus pruebas, y nosotros presentamos las nuestras; el próximo paso es la Audiencia de Control de Acusación, en la cual la fiscalía va a tener que sostener la acusación que le hace a los seis compañeros de la Cooperativa Viento Sur, y nosotros haremos nuestros planteos, principalmente el de la inmediata absolución y sobreseimiento porque nada de lo que está diciendo la fiscalía se puede sostener”.

Al argumentar sobre las motivaciones de la causa, el letrado sostuvo: “Es claramente una persecución política que tenía como finalidad, a inicios del gobierno de Figueroa, sacar a las organizaciones sociales de la calle, recortar la protesta social y perseguir a los compañeros que organizaban los reclamos de las personas sin trabajo”.

En ese sentido, cuestionó la disparidad de criterio con la que actuó la fiscalía respecto de otras entidades: “A la única organización a la que apuntaron es a la Cooperativa Viento Sur, cuando este plan englobaba a montones de cooperativas barriales de la provincia que recibían el mismo tipo de asistencia y utilizaban los fondos de la misma manera. La única explicación para este trato desigual es que es una persecución política”.