“Hay un plan deliberado de destruir la educación pública”: El abogado del CIN habló sobre el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

El abogado constitucionalista Pablo Luis Manili sostuvo que las decisiones del Gobierno nacional sobre el presupuesto designado a las universidades, el sistema científico y tecnológico y la educación privada forman parte de una misma orientación. A partir de ese diagnóstico, afirmó: "Acá hay un plan deliberado de destruir la educación pública".

Manili, representante legal del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en los reclamos por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, cuestionó el argumento del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien sostuvo que la norma no puede aplicarse porque no establece de dónde deben salir los fondos.

Para el abogado, ese planteo parte de una premisa equivocada. "La ley no tenía por qué decir de dónde salen los fondos", sostuvo en diálogo con radio UNCo CALF, porque "la ley no creó ningún gasto nuevo, la ley solamente ordenó actualizar una partida". Agregó que la norma establece en su artículo 9 de dónde provienen los recursos y recordó que, si una ley posterior contradice una anterior, la nueva norma prevalece. Por eso consideró incorrecto calificarla de "ilegal": una ley puede ser declarada inconstitucional, pero no ilegal en esos términos.

El conflicto llegó a la Justicia después de que el Poder Ejecutivo vetó la ley y el Congreso insistió con mayorías amplias. Según Manili, el Gobierno luego promulgó la norma pero suspendió su aplicación. La Justicia dictó una cautelar en diciembre, la Cámara la confirmó en marzo y la Corte Suprema hizo lo mismo en junio. En septiembre hubo nuevas intimaciones para que se cumpla la medida.

La cautelar alcanza la actualización salarial de docentes y no docentes y las becas estudiantiles. Manili señaló que la diferencia salarial, que originalmente rondaba el 31%, llegó a cerca del 50%. También cuestionó que las becas no hayan sido actualizadas y mencionó que hay estudiantes que reciben unos $35.000 mensuales.

Manili separó el reclamo judicial por la deuda acumulada entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 de la discusión por el presupuesto universitario de 2027. Según explicó, las universidades estimaron que necesitan unos $11.000 millones para su funcionamiento y el proyecto oficial contempla alrededor de $7.300 millones.

Para Manili, el problema excede la discusión salarial. Vinculó el desfinanciamiento universitario con las decisiones sobre organismos de ciencia y técnica como el INTA, el INTI y el Conicet, y con la continuidad de beneficios fiscales para instituciones privadas. "Lo que estamos defendiendo no es un sueldo de un docente o de un nuevo docente, estamos defendiendo a la universidad pública", afirmó.