El CEPA advierte que la informalidad laboral supera el 54% y jaquea la sostenibilidad del sistema previsional

El futuro del sistema previsional argentino atraviesa un punto de inflexión crítico. Según un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), al primer trimestre de 2026 el 54,5% de las personas ocupadas en el país no realiza aportes jubilatorios, una cifra que profundiza la precariedad laboral y acelera el desfinanciamiento de las cajas previsionales.

Durante una entrevista con La Banda Ancha, el politólogo e integrante del CEPA, Juan Manuel Gispert, advirtió que este escenario no responde a fallas coyunturales, sino a la ejecución central del programa económico actual. Sostuvo que el modelo prioriza sectores primarios concentrados —como la agroindustria, la minería y el desarrollo hidrocarburífero de Vaca Muerta— en detrimento del mercado interno, la construcción y la industria manufacturera, pilares tradicionales de la formalidad laboral.

Argumentó que la ecuación financiera del sistema previsional se encuentra severamente afectada por la caída de aportantes activos frente a una población pasiva en crecimiento. A esta presión demográfica, marcada por el aumento de la esperanza de vida y la baja en las tasas de natalidad, se le suma la vigencia de fórmulas de actualización de haberes atadas a índices inflacionarios que erosionan el poder adquisitivo de los jubilados, complementadas con bonos congelados desde finales de 2023.

En el plano del empleo registrado, el especialista cuestionó la eficacia de las reformas orientadas a la flexibilización de los aportes patronales y la creación de fondos específicos para indemnizaciones (como el FAL). A su juicio, atribuir la alta informalidad al costo laboral es una falacia histórica, ya que la evidencia empírica demuestra que el motor indiscutido de la creación de empleo registrado es el crecimiento económico sostenido, y no la supresión de derechos laborales.

Frente a un panorama donde las exigencias de los organismos multilaterales de crédito vuelven a poner sobre la mesa la posibilidad de elevar la edad jubilatoria o restringir el alcance de las coberturas, desde el ámbito académico alertan sobre la urgente necesidad de repensar políticas públicas que garanticen la estabilidad demográfica, la sustentabilidad solidaria de las jubilaciones y la recuperación del trabajo formal en la Argentina.