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Después de casi 3 meses de la primera denuncia, 20 personas fueron imputadas por el delito de asociación ilícita y defraudación especial en la causa por las tarjetas del Banco de la Provincia de Neuquén (BPN).
La estafa que se investiga, en principio, es por un total de 63 millones de pesos, y supone que se habrían realizado más de 4.300 extracciones de dinero de manera ilegal.
En diálogo con el Panorama informativo, el fiscal Pablo Vignaroli explicó en qué consisten estas imputaciones y destacó que los involucrados, algunos de jerarquía, en un principio buscaban la información de las personas que iban a ser beneficiarias para cometer la estafa.
También, calificó de «trámite desprolijo» el procedimiento en la estafa por parte de Ricardo Soiza, ex director de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo de Neuquén y uno de los imputados.
El fiscal aclaró que las personas beneficiarias desconocían estos procedimientos y que el propio Soiza acreditaba los subsidios con cifras menores y, en algunos casos, con nombres de personas que no cobraban beneficio, con la parte restante.
Por último, Vignaroli afirmó que aún no hay pruebas que involucren al ex ministro de Desarrollo, Abel di Luca. En el mismo sentido, ocurre con la denuncia contra el concejal por el Movimiento Popular neuquino (MPN), Claudio Dominguez, quien había solicitado que el denunciante, Guillermo Pereyra, diera pruebas.
