Más de un año de espera y sin imputados: los damnificados de la cooperativa 127 Hectáreas llevan su reclamo a la Fiscalía

Las familias damnificadas por la cooperativa 127 Hectáreas se movilizaron este miércoles 8 de a bril hasta la calle Leloir, sede del Ministerio Público Fiscal, para exigir avances en una causa que lleva más de un año sin imputados.

Víctor Guerrero, uno de los afectados, describió en diálogo con radio UNCo CALF un cuadro de frustración ante lo que calificó como "dilación" sistemática tanto del Poder Judicial como del Ejecutivo provincial.

"Sentimos que se nos ríen en la cara", afirmó Guerrero, quien comparó la lentitud del caso con la velocidad con que la justicia actuó en otras causas recientes: el escándalo de la ex vicegobernadora Gloria Ruiz, el caso de Luis Bertolini o la denuncia de amenazas realizada por una periodista devenida en diputada, donde hubo allanamientos y condena en plazos mucho menores.

"Nosotros llevamos más de un año de haber denunciado y el poder judicial no estaría brindando ninguna solución", subrayó.

El encuentro con la fiscal Rocío Rivero no dejó conformes a los damnificados. La funcionaria anunció que iniciará una agenda de entrevistas, medida que Guerrero interpretó como una nueva maniobra dilatoria: "no son entrevistas grabadas ni testimoniales, porque nuestros abogados ya presentaron todo. Lo único que quedaría hacer es la formulación del cargo: ¿hubo delito o no hubo delito?"

Para los afectados, esa respuesta no tiene margen de duda, especialmente considerando que la parte denunciada participó voluntariamente de una mediación penal hasta febrero, lo que para Guerrero confirma que la propia justicia reconoció la existencia de posibles delitos.

Otro de los ejes del reclamo apunta directamente al Ejecutivo provincial. Guerrero recordó que Jorge Salas, presidente de la cooperativa, fue funcionario de la gestión provincial actual, lo que a su entender explica la falta de respuesta política al conflicto.

"El poder ejecutivo tampoco da ninguna solución a los damnificados", señaló, y agregó una pregunta que dejó en el aire: "¿cómo hace Salas para llevar ese estilo de vida? Cuando lo allanaron se quitaron una de las camionetas; al tiempo lo vimos en otra camioneta y ayer me lo he cruzado en un auto. Parece una concesionaria de autos y nadie investiga nada".

Guerrero también puso el foco en la política habitacional de la provincia. Inscripto en el Ruprovi desde 2008, lleva casi dos décadas esperando acceso a una vivienda social. "No hay una política pública habitacional seria", sostuvo, y denunció irregularidades en el historial de adjudicaciones: familias recién llegadas a Neuquén que obtuvieron vivienda antes que socios con mayor antigüedad, y entregas que nunca fueron transparentes.

Consultado sobre un grupo que aparentemente sigue respaldando a la cooperativa y asistiendo a sus reuniones, Guerrero fue directo: "creo que están engañados, o les han prometido acomodarlos en el scoring o en la entrega de los dúplex". Y recordó un dato que considera clave para desactivar ese argumento: "estuvimos en una mediación penal, no en la Defensoría del Pueblo ni en un juzgado civil. La justicia consideró que sí hubo delitos".,

El sábado próximo los damnificados se reunirán para definir los próximos pasos. La movilización suma nuevos actores: el gremio ATEN se incorporó al reclamo luego de que sus afiliados firmaran un convenio con la cooperativa sin obtener respuesta, al igual que los gremios de Judiciales y UPCN, que también firmaron convenios por dúplex que hasta ahora no se concretaron. "A la lucha se suma el gremio docente", resumió Guerrero, en una causa que, según describió, excede a los damnificados originales: "día a día siguen apareciendo afectados de todos lados. Hasta los oficiales que nos custodiaban ayer nos contaban los casos de sus propios familiares."