La Pampa rechaza el decreto nacional que otorga el 100% de las regalías de Los Nihuiles a Mendoza: "Es a todas vistas ilegal"

El Gobierno Nacional emitió un decreto que deja sin efecto un convenio tripartito histórico y asigna el 100% de las regalías hidroeléctricas del complejo Los Nihuiles a la provincia de Mendoza. La medida generó el rechazo de las autoridades pampeanas, que anticiparon acciones judiciales para frenar su aplicación.

El secretario de Recursos Hídricos de La Pampa, José Gobbi, en una entrevista con radio UNCo CALF, cuestionó la decisión del Ejecutivo nacional y la calificó como una extralimitación de facultades que, a su criterio, afecta el federalismo de concertación y los derechos históricos de la provincia.

El conflicto involucra a un río interjurisdiccional compartido entre ambas provincias. Un decreto presidencial de 1972 y un convenio tripartito firmado en 1992 establecían que las regalías generadas por la represa debían repartirse de forma equitativa, con un 6% para cada provincia. La reciente resolución del gobierno nacional modificó ese esquema en favor de Mendoza, gobernada por Alfredo Cornejo.

Consultado sobre el impacto económico de la medida, que para Mendoza representaría unos 2,5 millones de dólares anuales, Gobbi sostuvo que la discusión no se limita a lo monetario. "No es tanto la cuestión económica per se, sino fundamentalmente que es volver a cercenar derechos que tenemos los pampeanos y las pampeanas de acceder a un río que es nuestro", afirmó.

El funcionario recordó que La Pampa arrastra desde mediados del siglo pasado los efectos del corte unilateral del río Atuel por parte de Mendoza, un proceso al que atribuyó la desertificación de cerca de un millón de hectáreas y una emigración histórica de pobladores de la zona. Señaló, además, que los fondos provenientes de las regalías de Los Nihuiles se destinan, por ley provincial, a seis municipios de esa región. "La provincia de Mendoza sigue tomando decisiones unilaterales que afectan no solo el ambiente pampeano, sino la sociedad pampeana", sostuvo.

Gobbi señaló que la medida del gobierno se produjo pese a que el tema ya se encuentra judicializado en la Corte Suprema de Justicia, a raíz de una demanda previa iniciada por Mendoza. Ante ese escenario, la provincia de La Pampa presentó el mismo viernes un recurso de amparo y de no innovación ante el máximo tribunal, con el objetivo de frenar la ejecución del decreto y mantener el statu quo mientras se resuelve el litigio. La provincia aguarda ahora que el juez federal Baric, con asiento en La Pampa, se expida sobre los plazos de la medida cautelar.

"Nación no está por encima de cada una de las partes, sino que es una parte más del convenio", concluyó Gobbi, quien remarcó que la provincia continuará su reclamo por vía judicial.