"La ley está vigente". La pulseada judicial por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

El abogado Pablo Luis Manili representa a 56 universidades nacionales de Argentina en una acción de amparo colectivo contra el Poder Ejecutivo Nacional, a causa del incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. En una entrevista para Radio UNCo CALF, explicó las acciones impulsadas en pos de la efectiva implementación de la normativa aprobada en dos instancias por el Poder Legislativo nacional, y también detalló las presentaciones iniciadas por parte del gobierno nacional para evitar cumplir con la normativa.

"La ley está vigente", acotó el letrado y detalló los pasos que se dieron en el ámbito judicial para lograr su implementación: el primer amparo fue presentado en octubre del 2025; en diciembre obtuvieron una medida cautelar que ordenaba al Gobierno Nacional a cumplir una parte "urgente" de la Ley de Financiamiento Universitario, que era la parte salarial y becas; esta cautelar fue apelada por el Ejecutivo, pero la Cámara de Apelaciones la confirmó y volvió a dar la razón a las Casas de Estudio; por último, el gobierno, que continúa sin cumplir la ley, solicitó que el caso sea definido en la Corte Suprema de Justicia.

Manili indicó que si bien la Corte no tiene un plazo establecido para emitir el fallo, la esperanza en la celeridad está dada bajo la pauta de razonabilidad del plazo. En paralelo, sostuvo, existe una norma en el Código Procesal que le permite a las universidades ejecutar la medida cautelar vigente mientras tramita el mencionado recurso ante la Corte, una medida que ya fue solicitada

"Pedimos que se intime al gobierno a cumplir bajo apercibimiento de fijar multas y de pasar las actuaciones a la justicia penal", señaló el letrado y argumento: "aquí puede estar cometiéndose el delito de desobediencia, puesto que el artículo 239 del Código Penal establece que un funcionario público que no cumple una orden judicial comete delito y tiene pena de prisión". Sobre esta última acción detalló que se esta a la espera de la resolución por parte de la justicia.

Por último, enumeró una serie de argumentos a los que definió como "mentiras" y que son utilizados por la gestión de Javier Milei para sostener el incumplimiento a la Ley.