Juez federal declaró la nulidad del protocolo antipiquetes de Bullrich

La Resolución 943/23 del Ministerio de Seguridad de la Nación, conocida como Protocolo Antipiquete, quedó en suspenso tras el fallo emitido por el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11, Martín Cormick.

El director del área de Justicia y Seguridad en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Mannuel Trufó, explicó que el Juez consideró que esta Resolución "es un exceso en las facultades que tiene un Ministerio, porque está legislando, digamos, sin haber pasado por los canales que tenía que hacerlo" y, por otro lado, que al emitirlo de esta manera adquiere "visos de inconstitucionalidad, porque afecta derechos que son claves para una vida democrática, que están reconocidos en la Constitución".

En una entrevista para Radio UNCo Calf, Trufó consideró que la resolución del Poder Judicial demoró más de lo esperado, pero resaltó que aparecen allí los principales argumentos para sostener lo que los organismos denunciaron hace dos años, en relación a que no se trató de una ley discutida en el Congreso sino que "es una decisión de una Ministra de convertir en delito prácticas que están asociadas en la Argentina y en mucha parte del mundo a la protesta social".

Informó que "el fallo suspende la vigencia de este protocolo" emitido por la exministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y tiene alcance sobre las Fuerzas Federales distribuidas en todo el país. Asimismo aclaró que, si bien el Ejecutivo Nacional ya anunció que apelará la resolución de Cormick, la resolución ministerial permanecerá suspendida hasta que la justicia tome una nueva definición. También celebro la interrupción en la aplicación de la normativa puesto que advirtió: "en realidad, el Protocolo ha funcionado como una especie de excusa o paraguas para acciones muy, muy, muy violentas que ya excedían completamente el problema de los piquetes que fue el argumento inicial".

En otro orden de temas, el integrante del CELS actualizó los avances en la causa judicial contra el gendarme Héctor Guerrero por el disparo que hirió de gravedad y atentó contra la vida del fotógrafo Pablo Grillo. Indicó que los siguientes pasos tendrán por objetivo "sostener el proceso contra el Guerrero como autor material de ese disparo criminal", cuyo procesamiento fue confirmado el pasado jueves por la Cámara Federal porteña, y construir las responsabilidades de "los superiores jerárquicos de las Fuerzas de Seguridad que estaban siguiendo esa represión y, eventualmente, a funcionarios políticos que estuvieran también presentes en esa sala de situación y estuvieran convalidando todo lo que estaba sucediendo".

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