El doble frente de la Universidad Nacional del Comahue entre el recorte presupuestario y el avance del vandalismo libertario

La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) atraviesa horas de tensión institucional: la asfixia financiera nacional y por la escalada de provocaciones y ataques ideológicos en su propio predio.

El conflicto en torno a la seguridad interna escaló este último domingo, cuando la institución debió formalizar una ampliación de su denuncia ante la Fiscalía Federal. En el centro de la tormenta se encuentra nuevamente Marco Fattorello, un personaje que protagonizó incursiones similares en casas de altos estudios como la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco y la Universidad de Río Negro, y sobre el cual ya pesa una restricción judicial de acercamiento dictada en General Roca, según informó la secretaria General de la UNCo, Micaela Gomiz, a radio UNCo CALF.

El militante libertario ingresó al campus universitario para increpar al personal de resguardo patrimonial y registrar la secuencia en video. Utilizando sus redes sociales, promueve sistemáticamente discursos de odio y expone la integridad de los trabajadores, buscando incentivar a sus seguidores al hostigamiento digital y físico. Durante junio y julio, donde resultaron vandalizados murales e inscripciones alusivas a la política de memoria, verdad y justicia, a las víctimas de la última dictadura militar —incluyendo el recordatorio de estudiantes y docentes desaparecidas—, a referentes como la doctora Honoris Causa Noemí Labrune y a reivindicaciones del pueblo Mapuche.

El análisis preliminar del presupuesto nacional remitido por el Ejecutivo arroja cifras lapidarias para la UNCo: mientras el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había calculado una necesidad de 11 billones de pesos a nivel general y la casa de altos estudios había requerido unos 203.000 millones para su funcionamiento, el Gobierno destinó apenas 126.454.826 millones a la institución patagónica. En palabras de la secretaria general de la universidad, Micaela Gomiz, la asignación representa un "robo de un tercio" de los recursos indispensables para operar.

Opinó que este tijeretazo presupuestario ratifica la continuidad de una política de ajuste que mantiene a las universidades trabajando al límite, provocando la pérdida de puestos de trabajo y agudizando el conflicto salarial del personal. La situación persiste a pesar del mensaje social expresado en cuatro marchas multitudinarias, de la sanción de una Ley de Financiamiento Universitario en el Congreso y de los fallos judiciales emitidos en cuatro ocasiones a favor de su cumplimiento.

Frente a este panorama, las autoridades de la UNCo ya iniciaron gestiones con legisladores nacionales de Río Negro y Neuquén para buscar apoyos en las comisiones parlamentarias y revertir los números en las votaciones de Diputados y Senadores.