Un "recurso retórico engañoso": advierten que el proyecto de tierra fiscal en Neuquén desvirtúa la Constitución provincial

Durante su paso por los estudios de radio UNCo CALF, en el programa La Banda Ancha, el abogado Federico Egea analizó críticamente el proyecto de ley enviado por el gobernador Rolando Figueroa a la Legislatura neuquina, una iniciativa impulsada públicamente con el fin de prohibir la extranjerización de la tierra fiscal.

Para el jurista, la propuesta oficial encierra un trasfondo que aleja a la tierra pública de su mandato originario: "El proyecto no evita lo que sería una eventual extranjerización, sino que le quita finalidad de uso social a lo que la Constitución indica".

Egea desmontó el argumento central del Poder Ejecutivo al señalar que la prohibición de venta a ciudadanos extranjeros resulta ineficaz si no se contempla el funcionamiento del derecho societario en la Argentina.

"El proyecto prohíbe la venta a extranjeros, pero el hecho de constituir una sociedad en Argentina no supone que sus capitales no lo sean. Mañana viene Joe Lewis, forma una sociedad en el país y adquiere las tierras", ejemplificó.

Calificó la iniciativa como "un galimatías, un recurso retórico engañoso" que utiliza el discurso anti-extranjerización como "un truco para instalar lo otro: la mercantilización del suelo neuquino".

El abogado precisó que el texto constitucional neuquino —cuyo plexo normativo en la materia está comprendido entre los Artículos 82 y 87— consagra el acceso a la tierra con un fin estrictamente productivo, social y comunitario, fomentando la radicación de la población rural.

En particular, Egea destacó el Artículo 83 de la Constitución Provincial, el cual establece la protección de la tierra como bien de familia inembargable y garantiza el derecho del poblador histórico a acceder a la titularidad del suelo que trabaja.

"La Constitución prevé una finalidad social a la tierra, para el fomento de actividades rurales y el desarrollo de sus pobladores. El proyecto incorpora otra finalidad vinculada al desarrollo de emprendimientos comerciales no sociales", cuestionó el abogado, al remarcar que poner al campesinado a competir directamente con corporaciones privadas responde a una «voluntad de gestionar en base al capital privado».

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