Palazzani: “No hay ninguna duda de que Duarte y Ortiz estaban puestos ahí para asegurar la impunidad”

Esta semana continuaron los alegatos de la fiscalía en el octavo tramo del juicio denominado La Escuelita, en el que se juzga por primera vez en Neuquén a civiles por crímenes cometidos durante la última dictadura militar.

Se encuentran imputados en esta causa el ex juez federal, Pedro Laurentino Duarte, y el ex fiscal federal, Víctor Marcelo Ortiz, quienes están acusados de omisión de justicia, incumplimiento de los deberes de funcionario público, participes secundarios de privación ilegítima de la libertad y, en el caso de Duarte, también por prevaricato.

El equipo de la fiscalía, encabezado por Miguel Palazzani, lleva tres audiencias alegando. El martes terminaron el repaso expediente por expediente, de los 31 que conforman la acusación y se detalló la conducta Duarte. Sobre el ex juez se dejó en claro que en el tiempo que estuvo a cargo del juzgado seguía manteniendo su estado militar -era mayor auditor-, ya que había pedido el retiro, pero no la baja. “Duarte es el único militar que tuvo a cargo un juzgado federal en Argentina”, subrayó Palazzani.

Está previsto que el alegato concluya en la próxima audiencia, fijada para el 27 de septiembre, a partir de las 9, donde se dará a conocer la actuación específica de Ortiz y la pena solicitada para cada imputado.

En lo que va de las exposiciones de los fiscales, primero pusieron en contexto los hechos, advirtiendo que los delitos que se juzgan fueron cometidos hace más de 40 años y la necesidad de ubicarlos en aquel tiempo y espacio.

En este sentido, pusieron de relevancia datos como las fechas consecutivas de los secuestros, las direcciones en las que ocurrieron, la información que circulaba en los diarios y la que aportaban los familiares, así como los espacios de reunión común que había en la ciudad. Todo esto buscó contrarrestar el argumento de los imputados, quienes afirman que durante la dictadura no conocían lo que estaba ocurriendo.

En segundo lugar, comenzaron con la descripción de cada uno de los casos. Recordemos que en este tramo hay 22 víctimas involucradas, de las cuales 14 permanecen desaparecidas y un bebé nacido durante el cautiverio de su madre del que se desconoce su paradero.

Sobre cada caso, la Fiscalía mostró los trámites iniciados por los familiares frente al juzgado federal de Neuquén solicitando ayuda para dar con el paradero de las personas secuestradas, y la deficiente, o nula en la mayoría de los casos, respuesta que recibían por parte de los imputados. Remarcaron que de los expedientes que conforman la acusación, ninguno tuvo un resultado satisfactorio. La fiscalía afirma que la ecuación da cero.

Los calificó como “delitos de oficina” los cometidos por Duarte y Ortiz, que actuaban en tándem, y que las únicas diligencias eran las que sabían que iban a ser respondidas en forma negativa y sin aportar ningún dato o información. Eran actos para simular que algo se hacía.

No era la misión de los funcionarios del poder judicial ser perpetradores del hecho, argumentó la fiscalía y destacó que, en cambio, fueron ubicados en esos cargos para no hacer. Duarte y Ortiz tuvieron “el poder para habilitar, permitir, encubrir y brindar impunidad imprescindible para la concreción del plan criminal que se desató aquellos años”, apuntaron.

Durante el juicio se escuchó en reiteradas oportunidades lo que el Ministerio Público Fiscal volvió a repetir en su alegato y es que la población llegó a sentir que era inútil el amparo judicial. Sobre esto, se expresaron los familiares y sobrevivientes del terrorismo de Estado presentes en la sala.

Gladis Sepúlveda es una víctima de la dictadura, era estudiante de servicio social en la UNCo cuando fue detenida en Cipolletti el 11 de junio de 1976. Trasladada en un avión militar a La Escuelita de Bahía Blanca, fue torturada con picana eléctrica y golpes.

Permaneció detenida en la cárcel de Villa Floresta hasta que, en 1979, fue puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). Se exilió en Alemania y en 1984 pudo regresar al país.

Dora Seguel, sobreviviente de la dictadura y hermana de Arlene, quien aún se encuentra desaparecida, se refirió a lo expresado por los fiscales y subrayó que queda demostrado todo lo que hicieron sus padres en particular, y todos los familiares en general, para dar con el paradero de las personas secuestradas.

Opinó, además, que quedó demostrado que los por entonces funcionarios judiciales Duarte y Ortiz, no avanzaron en las investigaciones, no atendieron a las víctimas como debieron hacerlo y no le dieron a los familiares ninguna respuesta.

También está presente en las audiencias, Cristina Vega, ex esposa de Rubén Obeid, sobreviviente del centro clandestino de detención La Escuelita, quien en 1979 se exilió en Suecia.

Obeid fue secuestrado el 14 de octubre de 1976 mientras viajaba en colectivo desde Cutral Co. Después de ser torturado en La Escuelita, fue trasladado al penal de Rawson y puesto a disposición del PEN. Durante un mes Vega, que estaba embarazada, buscó a su marido en dependencias policiales y militares, hasta que el teniente coronel Oscar Reinhold le comunicó que estaba en la cárcel chubutense.