Condenas por el encubrimiento del crimen de Mariano Ferreyra: el CELS habló de un fallo “histórico” contra redes de impunidad

A quince años del asesinato del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreyra, la Justicia federal condenó a dos exfuncionarios judiciales por el intento de encubrimiento que buscó garantizar la impunidad del ex secretario general de la Unión Ferroviaria, José Pedraza. Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que representó a la madre de Ferreyra en la querella, calificaron el fallo como un precedente de fuerte impacto institucional.

La abogada Delfina Lladó explicó en diálogo con Radio UNCo CALF que el proceso judicial por encubrimiento atravesó múltiples demoras debido a la complejidad de una causa que involucró a integrantes del propio Poder Judicial y a exagentes de inteligencia. “Nos encontramos ante algo muy inusual, que es la Justicia juzgándose a sí misma”, sostuvo.

El Tribunal Oral Federal N°8 condenó al ex juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid a cinco años de prisión por el delito de cohecho, mientras que el ex prosecretario administrativo Luis Ameguino Escobar recibió una pena de tres años. Según explicó Lladó, la condena contra Aráoz de la Madrid podría implicar prisión efectiva si el fallo queda firme tras la revisión de la Cámara.

La investigación determinó que existió un entramado destinado a manipular el desarrollo de la causa judicial abierta tras el asesinato de Ferreyra en octubre de 2010, durante una protesta de trabajadores ferroviarios tercerizados. La abogada señaló que uno de los puntos centrales del debate fue la presunta manipulación del sistema de sorteos judiciales para direccionar el expediente hacia magistrados afines.

Entre los acusados también figuraba el ex agente de inteligencia J. Riquelme, quien falleció antes del inicio del juicio oral. Según detalló Lladó, Riquelme funcionaba como nexo entre Pedraza, sectores de la ex SIDE y funcionarios judiciales. “Era quien articulaba reuniones y vínculos con integrantes del Poder Judicial, sectores políticos y de la Iglesia”, indicó.

La causa también incluyó a Susana Planas, quien resultó absuelta por falta de pruebas, y a Ángel Stafforini, cuya absolución se dictó por prescripción de la acción penal pese a que el tribunal consideró acreditada su responsabilidad secundaria.

Para el CELS, el fallo permitió exponer vínculos entre sectores sindicales, servicios de inteligencia y parte del sistema judicial. Lladó afirmó que esos mecanismos “siguen existiendo” y advirtió sobre la persistencia de relaciones opacas entre organismos de inteligencia y tribunales federales. En ese marco, mencionó la preocupación del organismo por las nuevas facultades otorgadas a la Secretaría de Inteligencia del Estado y el rol que históricamente mantuvo en ámbitos judiciales de Comodoro Py.

La abogada destacó, además, el valor simbólico y reparador de la sentencia para la familia de Mariano Ferreyra, aunque lamentó que Pedraza y Riquelme no hayan llegado vivos al juicio por encubrimiento. “Fue un trabajo duro, complejo y muy importante para nosotros. Hubiese sido frustrante que todo esto terminara en absoluciones”, sostuvo.

El asesinato de Mariano Ferreyra ocurrió el 20 de octubre de 2010 durante una protesta ferroviaria en el barrio porteño de Barracas. Por el crimen, Pedraza y otros integrantes de la conducción sindical ferroviaria fueron condenados años atrás como responsables de una asociación ilícita y del homicidio del joven militante.