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Así lo expresó Héctor Sánchez, director de Buenas Prácticas de la subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia. Se refirió a las instancias de mediación que tuvieron desde el Gobierno con las familias que ocuparon el predio, y admitió que, si bien ayer por la mañana se reunieron con representantes de la toma, las tierras son del municipio y la justicia ya había dictado el desalojo.

El funcionario detalló que desde el área se hizo un relevamiento de cada uno de los integrantes, y sólo intervendrán en los «casos de vulnerabilidad que hubieran». Asimismo, aclaró que no trabajaron sobre las tierras «porque no le pertenecen a la provincia» y que sabían que por parte del municipio «la decisión era que había que sacarlos».

Hay una nueva reunión programada, entre integrantes de las familias desalojadas y representantes del Instituto Provincial de la Vivienda y Urbanismo (IPVU), para comenzar a trabajar.

Sánchez dijo que son 134 familias, de las cuáles 30 se encuentran en «estado de vulnerabilidad».

 

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