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Asunción Miras Trabalón, delegada del Ministerio de Trabajo de la Nación en Neuquén, dijo que el Ministro de la Nación, Claudio Moroni, tomó conocimiento del conflicto e intervino en el caso. Desde la delegación visitaron a los trabajadores y pusieron a disposición sus herramientas y la posibilidad de dictar conciliación obligatoria.

Asimismo, la funcionaria remarcó que a instancias de la representación obrera, que es el sindicato AOMA, desde el Ministerio de Nación citaron audiencias en dos oportunidades, pero que ni Cormine (dueña jurídica concedente de la mina), ni la empresa Trident que es la explotadora hace tres años, estuvieron presentes. Acotó que ninguna de las dos firmas dieron explicaciones por haberse ausentado.

Por otra parte, criticó el formato de las mesas de diálogo que actualmente mantienen los trabajadores con la empresa, por contar con «la indebida intervención de un Fiscal Penal», y por otra parte, porque «la provincia de Neuquén, estando como mediadora a través de la Secretaría o de un Fiscal, mal puede mediar en un conflicto que la está demandando».

«Lo que debería hacer provincia de Neuquén es pagarle a los trabajadores y explicarles cuál va a ser su futuro laboral», sentenció. Además, planteó la preocupación de que el Ejecutivo provincial, a través de Cormine, «no haya exigido la efectivización de la caución de un millón de dólares que se manifiesta en el contrato de concesión que se estaba recibiendo».

Por otro lado, la abogada se refirió a los hechos ocurridos en la madrugada del pasado miércoles, cuando 16 mineros que se trasladaban al corte de ruta que mantienen en Arroyito fueron demorados en Zapala por Gendarmería y en simultaneo se presentaron miembros de las Fuerzas de Seguridad en sus casas. «Es una brutalidad de vulneración de derechos civiles de la Constitución nacional que tenemos hace 150 años», definió y agregó que se trató  de un hecho «inadmisible totalmente».