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La Defensoría del Pueblo demandó al municipio y a la Cooperativa Calf por considerar inconstitucional la redacción del marco regulatorio y el contrato de concesión del servicio.

Denunció que el aumento de la tarifa no cumplió con los pasos legales estipulados e incumple lo establecido por la Carta Orgánica en lo que refiere a la relación de equidad entre tarifa y servicio. Asimismo, agregó que tampoco cumple con la gradualidad del incremento y el respeto al ingreso de los usuarios.

Riva solicitó que se ordene a las autoridades competentes a revisar dichos documentos, bajo la premisa de que la energía eléctrica es un servicio público esencial y un derecho humano fundamental. Además, interpuso una medida cautelar donde solicita que se dejen sin efecto los aumentos, hasta tanto se dicte una sentencia firme sobre el amparo presentado.

Por otra parte, la Defensoría pidió informes sobre el uso de agua en la capital de la provincia. En este sentido, solicitó al EPAS y a la Municipalidad de Neuquén que se identifique el agua utilizada para el riego de espacios públicos y de calles que lo requieren.

En el caso de que el agua empleada sea potable, destinada al consumo humano, Riva instó a que modifiquen el sistema con urgencia.