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Se trata del Presidente y el Secretario de la Cooperativa que conformaron quienes habían sido despedidos después el quiebre de la firma. Pablo Leguizamon (titular) dijo que en total son casi 40 personas, pero que «apuntaron solamente a la cabeza» de la organización.

El pedido de la Fiscalía tenía un plazo de 5 días. Aún así, producto de una negociación quedó postergado por 30 días más y vence el 6 de mayo. Leguizamón explicó que mientras tanto están trabajando firmemente para que se declare la utilidad pública en el municipio, lo que desactivaría el desalojo.

Sin embargo, el delegado aseguró que de no haber una solución para esa fecha, él y su otro compañero intimado dejarán la planta. En ese caso, otras dos personas los suplantarían y se quedarían con el resto de los trabajadores.