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La atribución de responsabilidades a los 15 acusados por parte de la fiscalía ocupó ayer en forma completa la tercera jornada del séptimo tramo de los juicios por lesa humanidad cometidos en nuestra región durante la última dictadura y que se desarrolló en los salones de AMUC en Neuquén capital. La mayoría, personal del ejército y de las policías Federal y rionegrina, fueron imputados en distinto grado por los delitos de asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad, torturas, homicidios (en los casos de las ocho víctimas que todavía están en condición de desaparecidas) y violación, por las detenciones que se produjeron en los operativos en la zona y que tuvieron como destino final el centro clandestino de detención “La Escuelita”, en Bahía Blanca.

En el comienzo de la audiencia, el presidente del Tribunal Oral Federal, Alejandro Cabral, informó que la secretaria Sol Colombres, había dado positivo de Covid 19, pero como el último contacto con el resto de los integrantes del cuerpo había sido el pasado jueves, se decidió seguir adelante con el debate. La reemplazante es Marta Ithurrat.

El fiscal José Nebbia y su adjunta, Jorgelina D’Alessandro, fueron los encargados de continuar con la acusación, que se había iniciado el miércoles 9 de este mes. La primera parte tuvo como protagonistas a los represores que cumplieron funciones en Neuquén y el Alto Valle de Río Negro.

Para el ministerio público, el militar Oscar Reinhold fue miembro de una asociación ilícita, impartió órdenes ilegales y coautor de privación ilegítima de la libertad, torturas físicas y sicológicas, con el agravante de ser los destinatarios perseguidos políticos, en contra de 18 víctimas; y también coautor de la violación que sufrió Dora Seguel cuando estuvo detenida en Cutral Co. Fue acusado, además, como partícipe primario por homicidio con alevosía en ocho casos (Cecilia Vecchi, Susana Mujica, Alicia Pifarré, Jorge Asenjo, Carlos Chávez, Mirta Tronelli, Arlene Seguel y Carlos Schedan) y por violación (a Dora Seguel en Bahía Blanca).

Los integrantes del Destacamento de Inteligencia del ejército, Jorge Molina Ezcurra, Sergio San Martín y Jorge Di Pascuale, fueron imputados como partícipes primarios de asociación ilícita, homicidios y violación. El personal civil de inteligencia, Raúl Guglielminetti, como partícipe primario de privación ilégitima de la libertad en seis casos y de homicidio con alevosía, por lo ocurrido con Mujica, Vecchi y Pifarré.

El policía rionegrino, Gerónimo Huircaín, como partícipe primario de la detención ilegal y de privación de la libertad, de Eduardo París; y el comisario de la misma fuerza, Desiderio Penchulef, por las detenciones de Nora Rivera y Jorge Asenjo. Fueron considerados partícipes primarios de privación ilégitima de la libertad, violencia y aplicación de tormentos, los federales, Jorge Soza, en seis casos; y Miguel Cancrini, por lo acontecido con Pifarré.

En cuanto a las autoridades del Ejército en Bahía Blanca, miembros del Departamento II de inteligencia del V Cuerpo y del Destacamento 181, que actuaron en forma coordinada, la fiscalía acusó de coautores a Walter Tejada y Norberto Condal, de privación de la libertad en 20 casos y de homicidio calificado con alevosía, a 8 víctimas.

Como partícipes primarios Jorge Granada y Carlos Taffarel; y necesario, Osvaldo Páez. El piloto Juan José Capella, quien tuvo a su cargo los tres vuelos que llevaron a las víctimas desde Neuquén a Bahía Blanca, se lo imputó como partícipe secundario.

Hoy será la última audiencia de este año y por lo acordado serán las querellas del Ceprodh y la particular de Eduardo París, las que darán sus argumentos. La representación de la APDH anunció que no tiene diferencias con todo lo expresado por la fiscalía en su acusación y que sólo, a pedido de las defensa, detallará calificación y cantidad de hechos que le atribuye a cada acusado.

La duda es si habrá lugar al final de la jornada para las indagatorias a los acusados o éstas, si es que deciden declarar, se pasarán directamente para febrero.

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