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María del Carmen Verdú, abogada y referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), brindó detalles del informe publicado por la organización y afirmó que los casos aumentaron «a partir de la decisión de los gobiernos de dejar en manos de las Fuerzas de Seguridad la aplicación de una decisión correcta desde el punto de vista sanitario, como es el ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio)». Asimismo, indicó que las muertes dentro de las unidades de detención «es la modalidad que más aumentó en la cuarentena». 

La publicación indica que en el período que va desde que el Ejecutivo nacional anunció el ASPO, fueron registradas 92 muertes de personas a manos de integrantes de la fuerzas estatales, y que de ese total 34 fueron fusilamientos de gatillo fácil; 45 muertes bajo custodia -cárceles o comisarías-; 4 femicidios y femicidios relacionados; 3 desapariciones forzadas; dos son consecuencia de otros delitos policiales, dos son otras modalidades, como el uso del patrullero como arma, y un caso es intrafuerza (se mataron entre ellos).

Respecto de las medidas adoptadas por el gobierno nacional frente a esta realidad, Verdú opinó: «Obviamente no nos da lo mismo que en lugar de tener la foto de cada uno de estos asesinos con el Presidente o la Ministra de Seguridad nos digan ‘no vamos a permitir ningún abuso’ o ‘vamos a investigar hasta las últimas consecuencias’, está claro que son dos actitudes distintas, pero con la actitud solamente no alcanza, también hay que hacerlo y cumplirlo».

Por último, se refirió a la gestión del Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, y dijo que desde la Correpi reclaman su renuncia «en primera persona y desde mucho antes de la desaparición de Facundo (Astudillo Castro)». Verdú agregó que el funcionario «no está haciendo nada que no supiésemos que iba a hacer, pero a eso se agrega la desaparición de Facundo, de la que es principal responsable. Lo que ahora no se entiende es cómo puede seguir en su cargo».

 

 

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