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Claudia Cesaroni, abogada y titular del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC)
, habló sobre el motín desatado los días atrás en el Penal de Villa Devoto (Buenos Aires), luego de que se supiera que dos guardiacárceles habían dado positivo de COVID-19.

Detalló que el reclamo por la falta de condiciones sanitarias por parte de las personas privadas de la libertad que se encuentran en esa institución carcelaria, finalizó con «la conformación de un equipo de trabajo que vea y analice todos los casos de personas que podrían obtener su libertad y no la están obteniendo y trabajar con mayor celeridad en esos casos. O sea, brindar herramientas al Poder Judicial para que resuelva esos casos«.

Cesaroni explicó que las mismas condiciones se repiten en todo el país y que «la única manera de resolver esta situaciones es acordar políticas que no vayan en el caso a caso, sino que todos los actores que integran una solución para estos casos se junten y vean como pueden colaborar». En el mismo sentido agregó: «Cuando un Juez tiene que decidir una libertad se toma un tiempo que la emergencia carcelaria y sanitaria no se puede permitir».

La abogada cuestionó que «sólo se mira al mundo de la cárcel cuando genera morbo y entonces se va construyendo la idea de que esas personas carecen de derechos desde el momento que cometen (un delito)».

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