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A través de un comunicado el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Vía Libre y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), se expresaron en contra de «la vigilancia masiva de redes sociales», a la que se denominó como «ciberpatrullaje» y que se lleva a cabo bajo directivas del Ministerio de Seguridad de la Nación.

En diálogo con nuestra emisora, Beatriz Busaniche, integrante de la Fundación Vía Libre y docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y FLACSO, informó que a raíz de la publicación dichas organizaciones y organismos de Derechos Humanos mantuvieron una reunión con la ministra de Seguridad Nacional, Sabina Frederic.

Relató que si bien en el encuentro la funcionaria les presentó los argumentos de la medida y les solicitó una opinión sobre un posible protocolo que regule la tarea, las organizaciones mantuvieron la misma postura. Además, Busaniche advirtió que ya existen al menos nueve casos en el país que surgieron de este tipo de investigaciones y terminaron con el inicio de causas penales a usuarios de redes sociales.

«Entendemos que esto es una práctica reñida con los principios de legalidad, de proporcionalidad y de debido proceso judicial. Entendemos que está explicitamente prohibido por la regulación de inteligencia en Argentina y la recomendación de nuestras organizaciones es que se suspenda la aplicación de estas medidas hasta tanto no haya una ley que lo avale», expresó la docente.

Por otro lado, la especialista se refirió a las plataformas que están siendo utilizadas para reuniones gubernamentales, de la administración pública u otras. Detalló que la mayoría rigen bajo legislación y jurisdicción norteamericana (como por ejemplo Zoom) y no son seguras. A su vez, mencionó las plataformas que usan las instituciones educativas para la realización de clases virtuales.