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Mientras realizábamos una nota sobre la situación de precarización laboral que padecen 80 personas que dependen del ministerio de Desarrollo Social de la provincia, la entrevistada Malén Lara denunció que un hombre intentó abusar de una acompañante.

Dijo que el gobierno no le brindó asistencia psicológica, y agregó: «la resolución del ministerio fue dejarla sin trabajo».

 

 

Lara integra un grupo de 80 personas, en su mayoría mujeres, que brindan el servicio de acompañamiento domiciliario y que trabajan bajo la modalidad de contrato para la subsecretaría de Familia, Niñez y Adolescencia. Cobran entre $50 y $90 por hora, siempre que las soliciten.

La última resolución desfavorable del gobierno fue dar de baja en este plan a personas con problemas de salud mental. Por lo tanto, se reduce la cantidad de personas a las que deben asistir.

 

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